Principales ventajas de la factura electrónica

Uno de los beneficios de la tecnología en el ámbito tributario es la posibilidad de emitir una factura electrónica, la cual reemplaza al tradicional documento en papel y que permite realizar todas las operaciones comerciales entre contribuyentes sin ningún inconveniente y en completa legalidad.
facturaUna factura electrónica tiene trae una serie de ventajas para una empresa:

1- Menores costos. Emitir una factura en papel es bastante más caro que hacerlo de manera digital. Además, la nueva ley permite diferir la declaración y pago del IVA desde el día 12 al 20 de cada mes.
2- Se simplifica el proceso. Ahora los documentos tributarios se pueden intercambiar sin necesidad de imprimirlos, almacenarlos o transportarlos, ya que llegarán de manera automática por Internet. Además, se termina el timbraje de facturas, ya que la autorización de los folios se realiza vía Internet, ahorrando tiempo, costo de traslado y espera.
3- Seguridad. Al ser todo electrónico, los certificados y firmas son mucho más fidedignos, evitando estafas o falsificaciones.

¿Cómo acceder a la facturación electrónica? Lo primero es haber realizado un inicio de actividades y mantenerlo vigente, además de haber calificado como contribuyente de primera categoría. Después de ello cada empresa para por un proceso de calificación del SII antes de poder iniciar las operaciones.

El portal web del Servicio de Impuestos internos tiene un sistema de facturación gratuito que permite a los contribuyentes emitir y recibir documentos tributarios electrónicos – factura electrónica, nota de crédito, nota de débito y guía de despacho- administrar los documentos emitidos y recibidos, registrar y enviar la información electrónica de compras y ventas al SII ceder sus facturas electrónicas a terceros; entre otras funcionalidades.

Nueva ley

Es importante considerar también que con la nueva Ley 20.727, que regula el uso obligatorio de las facturas electrónicas en pequeñas y medianas empresas, esta herramienta será una obligatoriedad para todas las pymes a partir del 1 de febrero de 2017, restando sólo las microempresas rurales que tienen plazo hasta el 1 de febrero de 2018.